El próximo lunes 21, a las 9:00 a.m., el alcalde provincial Mario Reyna, regidores, funcionarios de Sedalib, pescadores artesanales de Huanchaco y representantes de instituciones y organismos relacionados al problema generado por el desborde aguas servidas de las pozas de tratamiento del Tablazo, buscarán una alternativa de solución que no implique arrojar las aguas directo al mar y seguir contaminando los totorales.
Será en audiencia pública donde la autoridad edil y funcionarios de Sedalib verán una medida temporal mientras viene la obra definitiva. “No estamos pidiendo que hagan una gran y costosa obra, pero que presenten alternativas para que no sigan contaminando. Tienen el monopolio del agua y alcantarillado, hay ingresos ingentes y están en la obligación de resolver los problemas”, dijo Mario Reyna.
Esta fue la respuesta que dio el burgomaestre a pescadores artesanales y vecinos de Huanchaco afectados por el citado desastre medioambiental que ocasionó la pérdida del 80% de los totorales, materia prima para que salgan al mar a pescar en los tradicionales caballitos de totora, lo que los obligó a salir a reclamar en la plaza mayor.
Esto apenado por lo que les pasa, pero hace más de 12 años que las municipalidades perdieron la administración de Sedalib. Por el alto componente político que tenía se les quitó ese poder y hoy es administrada por un representante de la comuna, de la sociedad civil y del Ministerio de Vivienda, explicó.
Señaló que hoy Sedalib es una entidad ineficiente y monopólica que no puede ejecutar proyectos, pese a tener más de S/ 200 millones como resultado de cobrar a los usuarios recibos altos. No es que esa plata la haya transferido el gobierno nacional. Ahora el directorio está en problemas y no hay una correcta administración por lo que nos hemos reunido en junta universal para enmendar lo que viene ocurriendo.
“Han incrementado las tarifas, pero no trabajan para renovar las redes de agua y desagüe y en la mejora de las pozas de tratamiento. Ahora pueden destruir la cultura viva de la pesca ancestral con caballitos de totora”, dijo.
Luego de escuchar el reclamo de los afectados, Mario Reyna concluyó que se tendrá que abrir una mesa de diálogo de inmediato y que la alternativa no será tirar al mar las aguas servidas, porque eso es un atentado medioambiental y contra la dignidad de los pescadores, moradores y turistas de Huanchaco. “Que inviertan, de inmediato. El vecino huanchaquero tiene derecho al buen vivir”, enfatizó.
Sedalib paga a una aseguradora, pero no puede decir a los pescadores artesanales entiéndanse con ellos. Que los indemnicen a conciencia y con empatía. Ocasionaron el problema, deben responder y hacerse responsables con el vecino y clientes, acotó.
El pasado 8 de enero la zona norte de Huanchaco empezó a ser contaminada con aguas servidas, incluyendo los totorales. Eso se agravó entre el 30 de marzo y el 4 de abril, cuando hubo un desborde total de las pozas de El Tablazo,lo que dejó con barro de aguas negras los totorales, sin que a la fecha intervenga algún organismo.
Como resultado de ello, 47 pozas de totorales se perdieron e incluso los huachaques fueron afectados al haber quedado contaminados y hasta ahora Sedalib no hace limpieza ni tras de solucionar el problema en que nos ha metido, señalaron los protestantes, pidiendo un resarcimiento económico y la limpieza de lugares afectados.
Critican, igualmente, que estén pidiendo apoyo público para transgredir normas técnicas o las leyes ambientales al pretender arrojar las aguas servidas directamente al mar y contaminar la bahía de Huanchaco cuando la población ha dicho bien claro que no quiere colectores por los totorales ni que las aguas vayan al mar sin tratar.
El caballito es el icono de esta parte del país, pero los totorales ya no sirven por estar contaminados. Se acabó la totora, que permite nuestro sustento y este año no habrá caballitos de totora, indicaron por su parte los pescadores artesanales.
Los protestantes pidieron finalmente que en la reunión también participen funcionarios de la OEFA, ANA, Dicapi, Fiscalía, Policía de Medio Ambiente y la Gerencia Regional del Ambiente.
